En España, el discurso político se ha vuelto predecible hasta el hastío. Cada subida de impuestos, cada nueva figura fiscal o cada incremento de la presión tributaria viene acompañada de la misma justificación: proteger y fortalecer la educación, la sanidad y las pensiones. Tres pilares incuestionables del Estado del bienestar que nadie sensato pondría en duda. Y precisamente por eso, este argumento se ha convertido en la coartada perfecta.
La falacia comienza cuando se asume o se pretende que asumamos que cuestionar el nivel de impuestos equivale a atacar estos servicios públicos. Nada más lejos de la realidad. El verdadero debate no está en si deben financiarse la educación, la sanidad o las pensiones, sino en cómo se gestiona el dinero público y dónde se pierde por el camino.
Pocos políticos hablan de las duplicidades administrativas que se repiten a nivel estatal, autonómico, provincial y municipal. Consejerías, observatorios, institutos, agencias y entes públicos que realizan funciones solapadas, cuando no directamente irrelevantes. Estructuras enteras sostenidas con fondos públicos cuya utilidad real es, como mínimo, discutible.
Tampoco se aborda con seriedad el problema de los llamados chiringuitos públicos, organismos creados al calor de intereses partidistas, ideológicos o clientelares, más orientados a colocar afines que a prestar un servicio eficaz a la ciudadanía. Cada uno con su presupuesto, su dirección, su personal y su coste permanente, independientemente de su impacto real.
Y, por supuesto, está el elefante en la habitación, la corrupción. Casos que se suceden legislatura tras legislatura, partido tras partido, con millones de euros evaporados entre sobrecostes, contratos amañados, comisiones ilegales y proyectos fallidos. Dinero que nunca llegó a un hospital, a un aula o a una pensión, pero que rara vez se traduce en responsabilidades proporcionales al daño causado.
Mientras tanto, el contribuyente medio escucha que “no hay alternativa”, que “los servicios públicos dependen de ello”, y que cualquier crítica es insolidaria. Pero la verdadera insolidaridad es pedir más esfuerzo fiscal sin exigir antes eficiencia, control y rendición de cuentas.
Un Estado fuerte no es el que más recauda, sino el que mejor administra. Defender la educación, la sanidad y las pensiones no debería ser incompatible con denunciar el despilfarro, las duplicidades y la corrupción. Al contrario, es precisamente en su nombre como debería exigirse una gestión rigurosa del dinero de todos.
Hasta que ese debate no se afronte con honestidad, seguir usando el gasto social como escudo retórico para justificar impuestos masivos seguirá siendo lo que es una excusa cómoda y una verdad a medias.