Recientemente, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido sin tapujos lo que muchos ciudadanos sospechaban; los cuerpos de seguridad del Estado monitorizan activamente las redes sociales con el argumento oficial de “controlar los bulos”. Lo que a primera vista podría presentarse como una medida de protección frente a la desinformación, plantea en realidad, un debate mucho más profundo sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Cuando un Estado exige que la población se “informe únicamente por canales oficiales”, lo que parece una recomendación de seguridad se convierte en un mecanismo de control del discurso. No se trata solo de verificar hechos aislados, sino de establecer qué narrativas son aceptables y cuáles no, condicionando la opinión pública al marco que el poder considera legítimo. En otras palabras, no se está controlando la información, se está controlando lo que las personas pueden pensar y decir sobre esa información.
La vigilancia masiva de ciudadanos en redes sociales, como ha reconocido publicamente el ministro del interior español, bajo el pretexto de combatir bulos, plantea preguntas inquietantes como ¿Hasta qué punto un Estado puede intervenir en la comunicación de sus ciudadanos? ¿Es legítimo que la policía observe debates, comentarios o publicaciones que no constituyen delito, solo porque cuestionan la versión oficial? Y, sobre todo, ¿Dónde termina la protección de la sociedad y empieza la manipulación de la población?
Históricamente, los regímenes que han buscado controlar la opinión pública han usado herramientas similares como la censura, propaganda y monitorización constante. En el contexto digital actual, la tecnología permite una supervisión mucho más precisa y penetrante, lo que convierte la vigilancia de redes sociales en un instrumento potencial de coacción y control social, más que en una medida de seguridad.
La libertad de expresión y el acceso a información diversa son pilares de cualquier democracia. Cuando un ministro insta a la ciudadanía a depender exclusivamente de “canales oficiales”, está, consciente o inconscientemente, promoviendo un modelo de información única, donde el pensamiento crítico queda subordinado a la narrativa estatal. Combatir bulos es legítimo, pero silenciar debates, rastrear opiniones o condicionar la información que llega a los ciudadanos va mucho más allá de la protección, es un intento de controlar a la población.
En definitiva, lo que debería ser un esfuerzo por garantizar la veracidad de la información se transforma en un mecanismo de control social. Y cuando el propio titular de Interior lo anuncia públicamente sin inmutarse, la alarma democrática no es una exageración, es una necesidad. La vigilancia de redes sociales bajo la excusa de protegernos de la desinformación puede convertirse en la herramienta con la que el Estado define, limita y condiciona lo que pensamos.